Caracas.-
Los resultados de una rigurosa investigación periodística y judicial, han dejado al descubierto la trama empresarial vinculada con el financiamiento de la llamada “Operación Gedeón”, que en 2020 intento desalojar del poder por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. La investigación fue publicada por la Revista Raya, la cual reproducimos íntegramente a continuación:
Tres años después de la fracasada “Operación Gedeón” la Fiscalía de Francisco Barbosa tiene pruebas, pero no acusa a los empresarios venezolanos que, desde Barranquilla, donde se asientan sus empresas petroleras, financiaron campos de entrenamiento en la Guajira donde se preparaban exmilitares venezolanos para derrocar al presidente Nicolas Maduro en mayo de 2020. ¿De quiénes se trata?
Un documento oculto de la Fiscalía colombiana, conocido por la revista RAYA, deja al descubierto el entramado empresarial que se tejió detrás de la fallida “Operación Gedeón” que pretendía, a principios de 2020, dar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. La pesquisa, en la que participaron una docena de investigadores de la Policía, recopiló testimonios y documentos que puso tras las rejas, un año después, a Yacsy Alezandra Álvarez Mirabal, la mujer que ha sido catalogada como la “Mata Hari” venezolana dentro del operativo. No obstante, dos de los tres mega empresarios siguen en libertad y sin ser procesados por la Fiscalía de Francisco Barbosa Delgado, a pesar de que las evidencias se recopilaron y de que los testigos los señalaron como financiadores, desde sus empresas asentadas en Barranquilla, en este complot internacional contra Venezuela.
Álvarez está acusada de haber preparado toda la logística para que un conductor de la Costa transportara entre Barranquilla y Santa Marta 26 fusiles calibre 5.56, silenciadores de armas de fuego, 26 visores nocturnos de dos ojos, 29 visores nocturnos de un ojo, 4 binoculares nocturnos, 438 baterías Motorola, 15 cascos militares, 3 chalecos antibalas, entre otros elementos decomisados que pusieron al descubierto la conspiración.
Los tres empresarios, uno de ellos capturado en Caracas semanas después de que cayera el material bélico en el norte de Colombia, tienen en común que han sido dueños, socios o directivos de las más importantes empresas petroleras de Venezuela y las cuales actualmente tienen su asiento en Barranquilla. Uno de ellos es Jorge Luis Cordero García, dueño de la empresa Veneco Colombia SAS y quien, según un correo electrónico en poder de la Fiscalía, emitió un memorando para ser el codeudor en el arriendo de una vivienda urbana en Barranquilla la cual sirvió de logística para todas las actuaciones de Álvarez Mirabal. “Esto permitirá a la Fiscalía probar su teoría del caso, en cuanto a la materialidad del delito de porte ilegal de armas y el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, así como la participación de la acusada en esos hechos y su responsabilidad”, resalta uno de los apartados del documento escrito por un investigador de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el cual fue utilizado por la Fiscalía en contra de Álvarez, pero no contra los empresarios.
