Caracas.-
Desde que inició su campaña presidencial en 2024, Donald Trump levantó como una de sus principales banderas la promesa de las deportaciones masivas de migrantes y no tardó mucho en hacerlas realidad, tan pronto como tomó posesión del cargo el 20 de enero pasado.
Para el 23 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que la cifra ascendía a 400.000, esperando que para fines de este año llegara a 600.000.
Sin embargo, los procedimientos para cumplir esos objetivos han generado rechazo, entre otras cosas, por los mecanismos legales a los que ha apelado para justificar la expulsión de quienes no sean ciudadanos estadounidenses e incluso de aquellos que sí lo son.
Por ejemplo, desempolvó una ley de tiempos de guerra que data de 1798, la de Enemigos Extranjeros, para enviar el 15 de marzo a 238 venezolanos al tenebroso Cecot, una suerte de campo de concentración construido por el ultraderechista presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusándolos —sin pruebas— de pertenecer al extinto Tren de Aragua y pagándole una millonada para recluirlos en condiciones infrahumanas.
Lo hizo a pesar de que el juez del Tribunal de Distrito, de Washington, James E Boasberg, dictaminó que debían ser devueltos a EEUU, a lo cual no solo se negó la Administración Trump, sino que también se opuso a dar detalles sobre los dos vuelos en los cuales fueron trasladados, amparándose en supuestos “secretos de Estado”, dando inicio a una batalla judicial que se ha extendido hacia otras cortes.
Las arbitrariedades se extendieron hasta el ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien gozaba desde hacía años de una protección judicial que impedía su deportación y fue enviado en esos mismos vuelos por un supuesto “error”, nunca aclarado.
